Pedro Mateo
"No permitir la venta de tierras comunitarias para explotaciones mineras", es uno de los acuerdos a que llegaron delegados de más de cincuenta organizaciones sociales que participaron en el Primer Encuentro Nacional de Comunidades en Defensa de la Naturaleza, que en su mayoría son representantes de los municipios que han concretado consultas Populares en rechazo a las exploraciones y explotaciones mineras por empresas nacionales o extranjeras. (Sololá, 28 al 30 de marzo 2008).
Algunos empresarios que dicen ser exitosos, se han adueñado de tierras comunitarias en el occidente y oriente del país, quienes se han dedicado a extraer riquezas metálicas valoradas en dólares, exentos de impuestos, y para acallar los rechazos han otorgado regalitos a los pueblos, dejándolos sin fauna, flora y bellos paisajes, contaminación del aire y agua, asimismo dejan tierras estériles. Ante estos desmanes, los municipios que han sido víctimas y con el apoyo de aquellos que se están previniéndose, existe la disposición de organizarse para defender la madre naturaleza.
Compartir experiencias de vida, dignidad, territorio y acordar un postura unánime contra la minería, fueron los principales objetivos del "Encuentro" donde se escucharon condenas, rechazos y planteamientos concretos sobre la realidad socioeconómica del país. La destrucción que hacen las empresas es irreversible, por lo tanto no se trata de incrementar las regalías para resolver el problema, sino debe reconocerse las decisiones comunitarias, prevaleciendo el interés colectivo sobre inversiones de unos pocos. ¡Que quede claro!. Desde la invasión española, la introducción del cultivo del café y ahora la imposición de productos transgénicos, el robo de ríos y la contaminación de las fuentes de agua por las grandes represas, están despojándonos de la naturaleza.
El desinterés del Estado y la falta de reconocimiento oficial a los resultado de las Consultas Populares realizadas en diecinueve municipios, evidencia que la aplicación de la ley está al servicio de algunos empresarios nacionales o extranjeros, pero esas actitudes no quita legitimidad a las acciones sociales encaminadas para soportar la imposición de megaproyectos perjudiciales, sino dichas consultas fortalecen la batalla por una sociedad más humana. Un claro ejemplo de resistencia son las medidas coherentes de los vecinos del municipio de San Juan Sacatepequez, quienes se han organizado contra la instalación de Cementos Progreso en el lugar; a pesar de la represión gubernamental contra sus habitantes; los líderes están seguros que la supuesta inversión no solucionará los problemas de todos, sino solo terminará con los pocos riachuelos que aún existen.
Inversiones que con bombos y platillos se han instalado en el país, no han generado empleos ni riqueza material para minimizar la pobreza, la desnutrición y la mortalidad infantil, por el contrario, la globalización económica ha perjudicado la situación de vida de cada ciudadano. El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han señalado que Guatemala no cumplirá en el 2015 con las Metas del Milenio, es decir, se seguirá incrementando la pobreza. Que contradicción; en los próximos años seguiremos de mal en peor, ya que el empresariado insistirá en concretar sus megaproyectos y las familias que viven desnutrición y pobreza rural son las perjudicadas.
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